REPÚBLICA
BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Ministerio
DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA DE MARACAIBO
Ensayo
Ministro
de la Defensa: Declaración de Capriles es una ofensa a los integrantes de la
FANB
INTEGRANTE
Desireth
Castañeda
Ensayo
Ministro
de la Defensa: Declaración de Capriles es una ofensa a los integrantes de la
FANB
Este martes, el ministro del Poder Popular para la
Defensa, Henry Rangel Silva, expresó que las declaraciones del candidato
presidencial de la derecha, Henrique Capriles Radonski, en las que acusó a
militares de facilitarle un documento forjado, son irresponsables y constituyen
una ofensa a los integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb).
En la cuenta oficial de la institución militar (@FANBOficial)
se publicó: "G/J Rangel Silva #MPPD: Irresponsable la declaración de
Capriles, es una ofensa a los integrantes de la #FANB".
Capriles declaró este martes que el radiograma militar forjado publicado a
través de su cuenta @hcapriles, fue enviado por integrantes la Fuerza Armada
Nacional Bolivariana.
"Si alguien forjó ese documento, lo forjaría el propio Gobierno",
dijo el aspirante de derecha desde el estado Zulia.
El radiograma, atribuido al Ministerio para la Defensa, presenta evidentes
incongruencias como una fecha extemporánea (31 de julio de 2012) y la firma del
general en jefe Carlos Mata Figueroa como supuesto jefe de la cartera de
Defensa, cuando este oficial dejó de estar al frente de dicho ministerio en
diciembre de 2011.
En su cuenta de Twitter, Capriles colgó un supuesto documento con el número de
control 4.926, en el que se ordenaba "la prohibición expresa y
absoluta" para "seguir cualquier programación televisiva" por
los canales aliados a la oposición.
El texto correspondía realmente a una radiograma emitido el 1 de septiembre de
2011, en el que se giraban instrucciones sobre el uso de uniformes e insignias
en el personal de las Fanb.
RESUMEN DE LA
LEY DE DELITOS INFORMÁTICOS DE VENEZUELA
Recientemente
Se publicó la Ley sobre Delitos Informáticos ("la Ley"), cuyo
objetivo es proteger los sistemas que utilicen tecnologías de información, así
como prevenir y sancionar los delitos cometidos contra o mediante el uso de
tales tecnologías (Gaceta Oficial N° 37.313 del 30 de octubre de 2001). Se
trata de una ley especial que descodifica el Código Penal y profundiza aún más
la incoherencia y falta de sistematicidad de la legislación penal, con el
consecuente deterioro de la seguridad jurídica.
La Ley define
los términos tecnología de la información, sistema, data, documento,
computadora, hardware, firmware, software, programa, procesamiento de datos o
de información, seguridad, virus, tarjeta inteligente, contraseña y mensaje de
datos.
La ley
presenta varias deficiencias y problemas, entre los que podemos mencionar los
siguientes:
(i) Utiliza
términos en el idioma inglés, cuando la Constitución solo autoriza el uso del
castellano o lenguas indígenas en documentos oficiales;
(ii) No
tipifica delito alguno relativo a la seguridad e integridad de la firma
electrónica y a su registro;
(iii) La
terminología utilizada es diferente a la de la Ley de Mensaje de Datos y Firmas
Electrónicas, tal como se observa en la definición que hace del mensaje de
datos con lo que se propicia un desorden conceptual de la legislación en
materia electrónica;
(iv) Repite
delitos ya existentes en el Código Penal y en otras leyes penales, a los cuales
les agrega el medio empleado y la naturaleza intangible del bien afectado;
(v) Tutela los
sistemas de información sin referirse a su contenido ni sus aplicaciones;
(vi) No tutela
el uso debido de Internet; y
(vii)
Establece principios generales diferentes a los establecidos en el libro
primero del Código Penal, con lo cual empeora la descodificación.
La Ley, que pretende ser un
Código Penal en miniatura, pero carece de la sistematicidad y exhaustividad
propias de tal instrumento, elabora cinco clases de delitos:
1) Contra los sistemas que
utilizan tecnologías de información;
2) Contra la propiedad;
3) Contra la privacidad de
las personas y de las comunicaciones;
4) Contra niños y
adolescentes y;
5) Contra el orden
económico.
1) Los delitos contra los
sistemas que utilizan tecnología de información son los siguientes:
a) El acceso indebido a un
sistema, penado con prisión de uno a cinco años y multa de 10 a 50 unidades
tributarias (UT);
b) El sabotaje o daño a
sistemas, incluyendo cualquier acto que altere su funcionamiento, penado con
prisión de cuatro a ocho años y multa de 400 a 800 UT, que aumentará a prisión
de cinco a diez años y multa de 500 a 1.000 UT si para su comisión se utiliza
un virus o medio análogo. Si se trata de sabotaje o daño culposo, la pena se
reduce entre la mitad y dos tercios. Si se trata de sabotaje o acceso indebido
a sistemas protegidos, la pena aumenta entre la tercera parte y la mitad;
c) La posesión de equipos o
prestación de servicios para actividades de sabotaje, penado con prisión de
tres a seis años y multa de 300 a 600 UT;
d) El espionaje informático,
que incluye la obtención, difusión y revelación de información, hechos o
conceptos contenidos en un sistema, penado con prisión de tres a seis años y
multa de 300 a 600 UT. Si el delito se comete para procurar un beneficio para
sí o para otro, la pena aumenta entre un tercio y la mitad. El aumento será de
la mitad a dos tercios si se pone en peligro la seguridad del Estado, la
confiabilidad de la operación de las personas afectadas o si como resultado de
la revelación alguna persona sufre un daño; y
e) La falsificación de
documentos mediante el uso de tecnologías de información o la creación,
modificación o alteración de datos en un documento, penado con prisión de tres
a seis años y multa de 300 a 600 UT. Si el delito se comete para procurar un
beneficio para sí o para otro, la pena aumenta entre un tercio y la mitad. Si
el hecho resulta en un perjuicio para otro, el aumento será de la mitad a dos
tercios
2) Delitos contra la propiedad:
La técnica legislativa utilizada en este caso es incorrecta, pues a delitos ya
previstos en la codificación penal se les crea una supuesta independencia,
cuando la única diferencia existente es el medio utilizado (electrónico en
lugar de mecánico o material) y la naturaleza del bien tutelado, que en este
caso es intangible, mientras que en los bienes muebles es física. En esta clase
se incluyen:
a) El hurto, que consiste
básicamente en apoderarse de un bien o valor tangible o intangible de carácter
patrimonial, sustrayéndolo a su tenedor mediante el acceso, interceptación,
interferencia, manipulación o uso de un sistema que utilice tecnologías de
información, penado con prisión de dos a seis años y multa de 200 a 600 UT;
b) El fraude realizado mediante
el uso indebido de tecnologías de información, penado con prisión de tres a
siete años y multa de 300 a 700 UT;
c) La obtención indebida de
bienes o servicios mediante el uso de tarjetas inteligentes (tarjetas de
crédito, de débito o de identificación que garanticen el acceso a un sistema
reservado u otras similares, penado con prisión de dos a seis años y multa de
200 a 600 UT;
d) El manejo fraudulento de
tarjetas inteligentes, o la creación, duplicación o incorporación indebida de
datos a registros, listas de consumo o similares, penado con prisión de cinco a
diez años y multa de 500 a 1.000 UT. La misma pena será impuesta a quienes sin
tomar parte en los hechos descritos se beneficien de resultados obtenidos;
e) La apropiación indebida
de tarjetas inteligentes, penado con prisión de uno a cinco años y multa de 10
a 50 UT. La misma pena se impondrá a quien reciba o adquiera dichas tarjetas
f) Provisión indebida de
bienes o servicios utilizando una tarjeta inteligente, a sabiendas de que dicho
instrumento ha sido falsificado, está vencido o ha sido alterado, penado con
prisión de dos a seis años y multa de 200 a 600 UT; y
g) La posesión de equipos
para falsificaciones, penado con prisión de tres a seis años y multa de 300 a
600 UT.
3) Los delitos contra la
privacidad de las personas y las comunicaciones son los siguientes:
a) La violación de la
privacidad de la data o información de carácter personal que se encuentre en un
sistema que use tecnologías de información, penado con prisión de dos a seis
años y multa de 200 a 600 UT. Esta pena se aumentara de un tercio a la mitad si
como consecuencia del delito descrito resulta un perjuicio para el titular de
la información o para un tercero;
b) La violación de la
privacidad de las comunicaciones, penado con prisión de dos a seis años de
prisión y una multa de 200 a 600 UT; y
c) La revelación indebida de
datos o información obtenidos por los medios descritos en los literales a) o b)
anteriores, penado con prisión de dos a seis años y multa de 200 a 600 UT. Esta
pena se aumentara de un tercio a la mitad si el delito se cometió con fines de
lucro o si resulta en un perjuicio para otro.
El tema de la privacidad ha
sido uno de los mas discutidos en los ordenamientos jurídicos extranjeros,
debido a los derechos humanos. Principalmente, en cuanto a los dos primeros
puntos. Las discusiones se han concentrado, básicamente, en la posibilidad de
que el empleador revise las conversaciones y envío de datos de los empleados
que utilizan como medio el sistema del empleador, así como la propiedad de la
información contenida en del sistema del empleador. Con relación al tercer
punto, el tema se ha centrado en la posibilidad de que el dueño de un sistema
venda información personal de los usuarios del sistema con fines de comercialización.
4) Los delitos contra niños
y adolescentes son los siguientes:
a) La difusión o exhibición
de material pornográfico sin la debida advertencia para que se restrinja el
acceso a menores de edad, penado con prisión de dos a seis años y multa de 200 a
600 UT; y
b) La exhibición
pornográfica de niños o adolescentes, penado con prisión de cuatro a ocho años
y multa de 400 a 800 UT.
5) El último tipo contempla
los delitos contra el orden económico, que son los siguientes:
a) La apropiación indebida
de propiedad intelectual mediante la reproducción, divulgación, modificación o
copia de un software, penado con prisión de uno a cinco años y multa de 100 a
500 UT; y
b) La oferta engañosa de
bienes o servicios mediante la utilización de tecnologías de la información,
penado con prisión de uno a cinco años y multa de 100 a 500 UT, sin perjuicio
de la comisión de un delito más grave.
Además de las penas
principales indicadas anteriormente, se impondrán, sin perjuicio de las
establecidas en el Código Penal, las siguientes penas accesorias:
(i) El comiso de equipos,
dispositivos, instrumentos, materiales, útiles, herramientas y cualquier otro
objeto que haya sido utilizado para la comisión de los delitos previstos en los
artículos 10 y 19 de la Ley (posesión de equipos o prestación de servicios de
sabotaje y posesión de equipos para falsificaciones).
(ii) Trabajo comunitario por
el término de hasta tres años en los casos de los delitos previstos los
artículos 6 y 8 de la Ley (acceso indebido y favorecimiento culposo del
sabotaje o daño).
(iii) La inhabilitación para
el ejercicio de funciones o empleos públicos; para el ejercicio de la
profesión, arte o industria; o para laborar en instituciones o empresas del
ramo por un período de hasta tres años después de cumplida o conmutada la
sanción principal, cuando el delito se haya cometido con abuso de la posición
de acceso a data o información reservadas, o al conocimiento privilegiado de
contraseñas, en razón del ejercicio de un cargo o función público, del
ejercicio privado de una profesión u oficio, o del desempeño en una institución
o empresa privada.
(iv) La suspensión del
permiso, registro o autorización para operar o para ejercer cargos directivos y
de representación de personas jurídicas vinculadas con el uso de tecnologías de
información, hasta por el período de tres años después de cumplida o conmutada
la sanción principal, si para cometer el delito el agente se valió de o hizo
figurar a una persona jurídica.
(v) Además, el tribunal
podrá disponer la publicación o difusión de la sentencia condenatoria por el
medio que considere más idóneo.
En conclusión, la Ley llena
parcialmente un vacío legislativo en una materia de mucha importancia. Sin
embargo, múltiples deficiencias y problemas en la técnica legislativa empleada
y los conceptos usados, así como diversas lagunas y contradicciones, la hacen
insuficiente como complemento del resto de la legislación, por lo que será
necesario hacer una nueva tipificación de forma sistemática y exhaustiva, en el
nuevo Código Penal que se adelanta en la Asamblea Nacional.
¿Será
un delito informático?,
si es un delito informático por que atenta a la soberanía de la nación y viola la
constitución utilizando un medio de comunicación que es relativamente nuevo y
que a la vez es muy visto y posee muchos seguidores entre ambas partes; por lo
tanto atenta contra la propiedad intelectual de las personas.
¿De
qué manera se protegen los venezolanos?,
Viendo y informándose de la
realidad, por medios impresos, canales de noticias; En mi caso, telesur, VTV,
Venezolana de televisión y en las emisoras de radio e ignorando ese tipo de
noticias.
¿Se
violan aspectos legales y de qué manera?
Si se viola la ley de
resorte en el cual emite un comunicado sin consentimiento de nadie, viola la
justicia social y promueve la mala información a los ciudadanos atentando
contra los derechos humanos, la educación, la salud y la cultura.
Lo que promueve es la violencia
entre oposición y oficialismo.
¿Quién
tiene la responsabilidad penal?
En este caso Capriles por
promover en un medio de comunicación la mala información en relación a la F.A.N.B
¿Es
correcto que cualquier persona publique
este tipo de de información?
No; toda persona que publique este tipo de información debe
ser responsable y asuma las consecuencias como la cárcel por atentar de manera
irresponsable contra la soberanía de la nación.
¿Si
yo fuera el afectado directo?
El procedimiento legal a
seguir es la de denunciarlo al
ministerio público y a la fiscalía por
falsificación de la información y
por lo consiguiente aplicar todas las leyes hasta que llegue a la cárcel.
