REPÚBLICA BOLIVARIANA  DE VENEZUELA

Ministerio DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN

INSTITUTO  UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA DE MARACAIBO

Ensayo

Ministro de la Defensa: Declaración de Capriles es una ofensa a los integrantes de la FANB

                                                                                                          INTEGRANTE

Desireth Castañeda

Ensayo

Ministro de la Defensa: Declaración de Capriles es una ofensa a los integrantes de la FANB

Este martes, el ministro del Poder Popular para la Defensa, Henry Rangel Silva, expresó que las declaraciones del candidato presidencial de la derecha, Henrique Capriles Radonski, en las que acusó a militares de facilitarle un documento forjado, son irresponsables y constituyen una ofensa a los integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb).
En la cuenta oficial de la institución militar (@FANBOficial) se publicó: "G/J Rangel Silva #MPPD: Irresponsable la declaración de Capriles, es una ofensa a los integrantes de la #FANB".
Capriles declaró este martes que el radiograma militar forjado publicado a través de su cuenta @hcapriles, fue enviado por integrantes la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

"Si alguien forjó ese documento, lo forjaría el propio Gobierno", dijo el aspirante de derecha desde el estado Zulia.
El radiograma, atribuido al Ministerio para la Defensa, presenta evidentes incongruencias como una fecha extemporánea (31 de julio de 2012) y la firma del general en jefe Carlos Mata Figueroa como supuesto jefe de la cartera de Defensa, cuando este oficial dejó de estar al frente de dicho ministerio en diciembre de 2011.

En su cuenta de Twitter, Capriles colgó un supuesto documento con el número de control 4.926, en el que se ordenaba "la prohibición expresa y absoluta" para "seguir cualquier programación televisiva" por los canales aliados a la oposición.

El texto correspondía realmente a una radiograma emitido el 1 de septiembre de 2011, en el que se giraban instrucciones sobre el uso de uniformes e insignias en el personal de las Fanb.

RESUMEN DE LA LEY DE DELITOS INFORMÁTICOS DE VENEZUELA

 Recientemente Se publicó la Ley sobre Delitos Informáticos ("la Ley"), cuyo objetivo es proteger los sistemas que utilicen tecnologías de información, así como prevenir y sancionar los delitos cometidos contra o mediante el uso de tales tecnologías (Gaceta Oficial N° 37.313 del 30 de octubre de 2001). Se trata de una ley especial que descodifica el Código Penal y profundiza aún más la incoherencia y falta de sistematicidad de la legislación penal, con el consecuente deterioro de la seguridad jurídica.

La Ley define los términos tecnología de la información, sistema, data, documento, computadora, hardware, firmware, software, programa, procesamiento de datos o de información, seguridad, virus, tarjeta inteligente, contraseña y mensaje de datos.

La ley presenta varias deficiencias y problemas, entre los que podemos mencionar los siguientes:

(i) Utiliza términos en el idioma inglés, cuando la Constitución solo autoriza el uso del castellano o lenguas indígenas en documentos oficiales;

(ii) No tipifica delito alguno relativo a la seguridad e integridad de la firma electrónica y a su registro;

(iii) La terminología utilizada es diferente a la de la Ley de Mensaje de Datos y Firmas Electrónicas, tal como se observa en la definición que hace del mensaje de datos con lo que se propicia un desorden conceptual de la legislación en materia electrónica;

(iv) Repite delitos ya existentes en el Código Penal y en otras leyes penales, a los cuales les agrega el medio empleado y la naturaleza intangible del bien afectado;

(v) Tutela los sistemas de información sin referirse a su contenido ni sus aplicaciones;

(vi) No tutela el uso debido de Internet; y

(vii) Establece principios generales diferentes a los establecidos en el libro primero del Código Penal, con lo cual empeora la descodificación.

La Ley, que pretende ser un Código Penal en miniatura, pero carece de la sistematicidad y exhaustividad propias de tal instrumento, elabora cinco clases de delitos:

1) Contra los sistemas que utilizan tecnologías de información;

2) Contra la propiedad;

3) Contra la privacidad de las personas y de las comunicaciones;

4) Contra niños y adolescentes y;

5) Contra el orden económico.

1) Los delitos contra los sistemas que utilizan tecnología de información son los siguientes:

a) El acceso indebido a un sistema, penado con prisión de uno a cinco años y multa de 10 a 50 unidades tributarias (UT);

b) El sabotaje o daño a sistemas, incluyendo cualquier acto que altere su funcionamiento, penado con prisión de cuatro a ocho años y multa de 400 a 800 UT, que aumentará a prisión de cinco a diez años y multa de 500 a 1.000 UT si para su comisión se utiliza un virus o medio análogo. Si se trata de sabotaje o daño culposo, la pena se reduce entre la mitad y dos tercios. Si se trata de sabotaje o acceso indebido a sistemas protegidos, la pena aumenta entre la tercera parte y la mitad;

c) La posesión de equipos o prestación de servicios para actividades de sabotaje, penado con prisión de tres a seis años y multa de 300 a 600 UT;

d) El espionaje informático, que incluye la obtención, difusión y revelación de información, hechos o conceptos contenidos en un sistema, penado con prisión de tres a seis años y multa de 300 a 600 UT. Si el delito se comete para procurar un beneficio para sí o para otro, la pena aumenta entre un tercio y la mitad. El aumento será de la mitad a dos tercios si se pone en peligro la seguridad del Estado, la confiabilidad de la operación de las personas afectadas o si como resultado de la revelación alguna persona sufre un daño; y

e) La falsificación de documentos mediante el uso de tecnologías de información o la creación, modificación o alteración de datos en un documento, penado con prisión de tres a seis años y multa de 300 a 600 UT. Si el delito se comete para procurar un beneficio para sí o para otro, la pena aumenta entre un tercio y la mitad. Si el hecho resulta en un perjuicio para otro, el aumento será de la mitad a dos tercios

2) Delitos contra la propiedad: La técnica legislativa utilizada en este caso es incorrecta, pues a delitos ya previstos en la codificación penal se les crea una supuesta independencia, cuando la única diferencia existente es el medio utilizado (electrónico en lugar de mecánico o material) y la naturaleza del bien tutelado, que en este caso es intangible, mientras que en los bienes muebles es física. En esta clase se incluyen:

a) El hurto, que consiste básicamente en apoderarse de un bien o valor tangible o intangible de carácter patrimonial, sustrayéndolo a su tenedor mediante el acceso, interceptación, interferencia, manipulación o uso de un sistema que utilice tecnologías de información, penado con prisión de dos a seis años y multa de 200 a 600 UT;

b) El fraude realizado mediante el uso indebido de tecnologías de información, penado con prisión de tres a siete años y multa de 300 a 700 UT;

c) La obtención indebida de bienes o servicios mediante el uso de tarjetas inteligentes (tarjetas de crédito, de débito o de identificación que garanticen el acceso a un sistema reservado u otras similares, penado con prisión de dos a seis años y multa de 200 a 600 UT;

d) El manejo fraudulento de tarjetas inteligentes, o la creación, duplicación o incorporación indebida de datos a registros, listas de consumo o similares, penado con prisión de cinco a diez años y multa de 500 a 1.000 UT. La misma pena será impuesta a quienes sin tomar parte en los hechos descritos se beneficien de resultados obtenidos;

e) La apropiación indebida de tarjetas inteligentes, penado con prisión de uno a cinco años y multa de 10 a 50 UT. La misma pena se impondrá a quien reciba o adquiera dichas tarjetas

f) Provisión indebida de bienes o servicios utilizando una tarjeta inteligente, a sabiendas de que dicho instrumento ha sido falsificado, está vencido o ha sido alterado, penado con prisión de dos a seis años y multa de 200 a 600 UT; y

g) La posesión de equipos para falsificaciones, penado con prisión de tres a seis años y multa de 300 a 600 UT.

3) Los delitos contra la privacidad de las personas y las comunicaciones son los siguientes:

a) La violación de la privacidad de la data o información de carácter personal que se encuentre en un sistema que use tecnologías de información, penado con prisión de dos a seis años y multa de 200 a 600 UT. Esta pena se aumentara de un tercio a la mitad si como consecuencia del delito descrito resulta un perjuicio para el titular de la información o para un tercero;

b) La violación de la privacidad de las comunicaciones, penado con prisión de dos a seis años de prisión y una multa de 200 a 600 UT; y

c) La revelación indebida de datos o información obtenidos por los medios descritos en los literales a) o b) anteriores, penado con prisión de dos a seis años y multa de 200 a 600 UT. Esta pena se aumentara de un tercio a la mitad si el delito se cometió con fines de lucro o si resulta en un perjuicio para otro.

El tema de la privacidad ha sido uno de los mas discutidos en los ordenamientos jurídicos extranjeros, debido a los derechos humanos. Principalmente, en cuanto a los dos primeros puntos. Las discusiones se han concentrado, básicamente, en la posibilidad de que el empleador revise las conversaciones y envío de datos de los empleados que utilizan como medio el sistema del empleador, así como la propiedad de la información contenida en del sistema del empleador. Con relación al tercer punto, el tema se ha centrado en la posibilidad de que el dueño de un sistema venda información personal de los usuarios del sistema con fines de comercialización.

4) Los delitos contra niños y adolescentes son los siguientes:

a) La difusión o exhibición de material pornográfico sin la debida advertencia para que se restrinja el acceso a menores de edad, penado con prisión de dos a seis años y multa de 200 a 600 UT; y

b) La exhibición pornográfica de niños o adolescentes, penado con prisión de cuatro a ocho años y multa de 400 a 800 UT.

5) El último tipo contempla los delitos contra el orden económico, que son los siguientes:

a) La apropiación indebida de propiedad intelectual mediante la reproducción, divulgación, modificación o copia de un software, penado con prisión de uno a cinco años y multa de 100 a 500 UT; y

b) La oferta engañosa de bienes o servicios mediante la utilización de tecnologías de la información, penado con prisión de uno a cinco años y multa de 100 a 500 UT, sin perjuicio de la comisión de un delito más grave.

Además de las penas principales indicadas anteriormente, se impondrán, sin perjuicio de las establecidas en el Código Penal, las siguientes penas accesorias:

(i) El comiso de equipos, dispositivos, instrumentos, materiales, útiles, herramientas y cualquier otro objeto que haya sido utilizado para la comisión de los delitos previstos en los artículos 10 y 19 de la Ley (posesión de equipos o prestación de servicios de sabotaje y posesión de equipos para falsificaciones).

(ii) Trabajo comunitario por el término de hasta tres años en los casos de los delitos previstos los artículos 6 y 8 de la Ley (acceso indebido y favorecimiento culposo del sabotaje o daño).

(iii) La inhabilitación para el ejercicio de funciones o empleos públicos; para el ejercicio de la profesión, arte o industria; o para laborar en instituciones o empresas del ramo por un período de hasta tres años después de cumplida o conmutada la sanción principal, cuando el delito se haya cometido con abuso de la posición de acceso a data o información reservadas, o al conocimiento privilegiado de contraseñas, en razón del ejercicio de un cargo o función público, del ejercicio privado de una profesión u oficio, o del desempeño en una institución o empresa privada.

(iv) La suspensión del permiso, registro o autorización para operar o para ejercer cargos directivos y de representación de personas jurídicas vinculadas con el uso de tecnologías de información, hasta por el período de tres años después de cumplida o conmutada la sanción principal, si para cometer el delito el agente se valió de o hizo figurar a una persona jurídica.

(v) Además, el tribunal podrá disponer la publicación o difusión de la sentencia condenatoria por el medio que considere más idóneo.

En conclusión, la Ley llena parcialmente un vacío legislativo en una materia de mucha importancia. Sin embargo, múltiples deficiencias y problemas en la técnica legislativa empleada y los conceptos usados, así como diversas lagunas y contradicciones, la hacen insuficiente como complemento del resto de la legislación, por lo que será necesario hacer una nueva tipificación de forma sistemática y exhaustiva, en el nuevo Código Penal que se adelanta en la Asamblea Nacional.

       ¿Será un delito informático?,

si es un delito informático  por que atenta  a la soberanía de la nación y viola la constitución utilizando un medio de comunicación que es relativamente nuevo y que a la vez es muy visto y posee muchos seguidores entre ambas partes; por lo tanto atenta contra la propiedad intelectual de las personas.

¿De qué manera se protegen los venezolanos?,

Viendo y informándose de la realidad, por medios impresos, canales de noticias; En mi caso, telesur, VTV, Venezolana de televisión y en las emisoras de radio e ignorando ese tipo de noticias.

¿Se violan aspectos legales y de qué manera?

Si se viola la ley de resorte en el cual emite un comunicado sin consentimiento de nadie, viola la justicia social y promueve la mala información a los ciudadanos atentando contra los derechos humanos, la educación, la salud y la cultura.

Lo que promueve es la violencia entre oposición y oficialismo.

¿Quién tiene la responsabilidad penal?

En este caso Capriles por promover en un medio de comunicación la mala información en relación  a la F.A.N.B

¿Es correcto que cualquier persona  publique este tipo de de información?

No; toda persona  que publique este tipo de información debe ser responsable y asuma las consecuencias como la cárcel por atentar de manera irresponsable contra la soberanía de la nación.

¿Si yo fuera el afectado directo?

El procedimiento legal a seguir  es la de denunciarlo al ministerio público y a la fiscalía por  falsificación  de la información y por lo consiguiente aplicar todas las leyes hasta que llegue a la cárcel.